El uso obligatorio del catalán en los rótulos comerciales ha sido objeto de debate en Cataluña durante años. Ahora, este tema llegará a las instituciones europeas para su revisión desde el punto de vista de los derechos lingüísticos y la libre competencia.
Más de 380.000 euros en sanciones por rotulación en castellano en 2024
El Parlamento Europeo debatirá en abril sobre las sanciones impuestas por la Generalitat de Cataluña a comerciantes que no utilizan el catalán en los rótulos de sus establecimientos. Esta medida responde a la petición formal de un comerciante sancionado, registrada bajo el número 0857/2017.
Según datos de la Agencia Catalana de Consumo, hasta noviembre de 2024 se habían impuesto 189 sanciones por motivos lingüísticos, con un importe total de 384.000 euros. En 2023, la cifra ascendió a 261 multas, con un valor de 496.920 euros.
Desde 2022, la Generalitat ha ofrecido la posibilidad de sustituir las sanciones económicas por la realización de cursos de catalán. Además, se han propuesto medidas similares en otros ámbitos, como la sanidad, donde podrían sancionarse hospitales por no garantizar la atención en catalán.
La normativa lingüística en Cataluña y su aplicación al comercio
La base legal de estas sanciones se encuentra en la Ley 1/1998 de Política Lingüística de Cataluña, que establece que el catalán es la lengua propia de la comunidad autónoma y debe utilizarse de manera generalizada, también en el ámbito comercial.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional de España determinó en 2017 que los comerciantes no están obligados a rotular exclusivamente en catalán ni a atender en esta lengua, a diferencia de las administraciones públicas, que sí deben ofrecer sus servicios tanto en catalán como en castellano.
A pesar de esta sentencia, las sanciones continúan aplicándose, lo que ha generado preocupación entre comerciantes y asociaciones empresariales, especialmente en el sector de la rotulación y la señalización.
El papel del Parlamento Europeo en la protección de los derechos lingüísticos
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo será la encargada de estudiar este caso, en el marco de su función de velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales dentro de la Unión Europea.
Además del caso de la rotulación, se abordarán otras cuestiones relacionadas con la política lingüística, como la situación del castellano en el sistema educativo catalán. Está prevista una reunión con asociaciones que defienden el bilingüismo en la enseñanza para analizar si se garantiza un trato igualitario entre catalán y castellano.
Posibles implicaciones para el sector del rótulo y la señalización comercial
El análisis que realicen las instituciones europeas podría tener un impacto relevante en el sector de la rotulación, tanto en Cataluña como en el resto de España. Si se concluye que las sanciones vulneran principios europeos de libertad de empresa, no discriminación o libre circulación, podrían abrirse procedimientos o recomendaciones que modifiquen la aplicación de estas normativas.
Para las empresas del sector, especialmente aquellas que trabajan en varias comunidades autónomas, la existencia de marcos regulatorios diferentes y potencialmente sancionadores supone un reto adicional en su operativa diaria. Desde asociaciones como Aserluz, se valora positivamente que las instituciones europeas estudien este tipo de casos, en defensa de la seguridad jurídica y de unas condiciones equitativas para todos los operadores del sector.
